Stopping
Online Piracy Act (SOPA) y Protect IP
Act (PIPA) son probablemente dos de las iniciativas
legislativas más impopulares impulsadas por la legislación estadounidense en
los últimos años. Ambas normas buscan combatir agresivamente la difusión no
autorizada de material protegido con copyright a través de la red de redes.
De
aprobarse ambas iniciativas, cualquier sitio web (independientemente del lugar
donde se encuentre) será pasible de sanción si es que permite el alojamiento de
contenidos ilegales. La norma establece además que los servidores serán
sancionados si mantienen por un breve espacio de tiempo a las webs con
contenidos con derechos de autor.
Esto
obligaría a diversas web a activar mecanismos de autocensura y a filtrar la
actividad de sus usuarios para evitar que incumplan la norma, lo que acarrearía
el cierre de la página. Es decir, la imposición de una vigilancia extrema y de
la limitación de libertades en Internet.
Lo
que pretende la norma es impedir el acceso a las páginas que facilitan la
descarga de contenidos piratas retirándola de los servidores, censurándolas de
los buscadores y obligando a los proveedores de Internet a bloquearlas para los
internautas.
La
distribución de copias ilegales también será castigada y se restringirá el
acceso a páginas que contengan producciones protegidas por los derechos de
autor.
Las recientes derrotas de SOPA y PIPA, los dos proyectos de
ley de Estados Unidos diseñados para frenar la piratería en Internet, han sido
consideradas como una victoria de la democracia popular. Y hasta cierto punto,
es cierto, pero es importante no ignorar el efecto que tuvo la acción política
directa y el cabildeo ejercido por la industria tecnológica. También es
importante recordar que el cabildeo de ese sector merece el mismo escrutinio
que los otros grupos de presión (la industria del cine, la música, la
Cámara de Comercio estadounidense, etc.) que apoyaron esas iniciativas.
El
cabildeo de la industria tecnológica defendía lo correcto en esta ocasión, pero
no siempre será así. Y aunque algunas de las compañías que se opusieron a SOPA
y PIPA lo hicieron motivadas en parte por el sincero deseo de una política
pública sensata, lo hicieron principalmente para proteger sus propios intereses
comerciales. A juzgar por algunas reacciones al fracaso de los proyectos de
ley, casi olvidaríamos que la lucha se libró fundamentalmente entre dos grupos
con intereses empresariales propios y poderosos.
Craig
Newmark, fundador del portal de anuncios clasificados Craigslist, calificó la
desestimación de las iniciativas como "una victoria para la democracia,
una victoria de las bases populares". Anna Palmer, del sitio web Politico,
fue incluso más lejos, citando a la fallida legislación como la evidencia de
que "los días dorados de K Street han pasado" (‘K Street' es una
metonimia para referirse a la industria dellobbying, pues muchas firmas de
cabildeo están concentradas en esa calle de Washington). Una afirmación que
peca de exageración. Cierto que los ingresos de las firmas de cabildeo no han
crecido, y como la propia Palmer informa, ello obedece a varias razones,
incluidas aquellas asociadas al ciclo económico. No obstante, ella escribe:
Las
luchas ya no consisten solamente en quién tiene el mayor número de lobbystas, o
a los mejores. El nuevo mundo de la influencia de Washington es más diverso: el
lobbying de acceso tradicional se desarrolla junto a campañas que usan los
medios, el activismo de base y el Internet, actividades que no suelen
reportarse en la documentación que los grupos de cabildeo entregan a las
autoridades federales.
Sin
embargo, las campañas populares (de ‘grass-roots') -dentro o fuera de Internet,
reales o artificiales- han formado parte del cabildeo por décadas. Pueden
funcionar para temas como SOPA y PIPA, donde es fácil demonizar un proyecto de
ley (no había nada en estas propuestas que atrajera la simpatía de la gente
común). Pero no es sencillo cuando se trata de cuestiones complejas como la
política de salud o de energía, donde hay muchos costos y beneficios que entran
en conflicto. Además, SOPA y PIPA no eran propuestas partidistas, eran apoyadas
y repudiadas por representantes de ambas bancadas. Por esa razón, fue más fácil
debatir sus virtudes, que eran pocas.
Lo
que es más, las luchas políticas nunca han consistido "únicamente" en
qué intereses atraen el mayor poder de cabildeo. Si ese fuera el caso, nos
cobrarían 50 dólares por hacer un retiro de 20 dólares en un cajero automático,
y nuestras costas estarían invadidas de plataformas petroleras. Una legislación
se cocina con muchos ingredientes. Los legisladores votan obedeciendo a
diferentes razones: las opiniones de sus electores, las políticas internas en
las cámaras, y a veces conforme a los méritos que tenga una determinada
legislación. La influencia de los grupos de cabildeo es excesiva, a menudo a un
grado peligroso, pero raramente es el único factor.
Y
de acuerdo al Center for Responsive Politics, al término del año pasado las
compañías computacionales y de Internet tenían 246 cabilderos trabajando en su
nombre en cuestiones asociadas con las leyes SOPA y PIPA, mientras que las
grandes firmas de la industria de la televisión, la música y el cine emplearon
a 241.
Nada
de lo anterior minimiza el efecto que tuvo la ira popular sobre los proyectos
de ley. Eso, alimentado en parte por los ‘apagones' de protesta realizados por
sitios web, fue la razón más directa para el fracaso de las iniciativas. Pero
esta pugna también demostró que las industrias tecnológicas y de Internet
finalmente han ganado peso e influencia en Washington. A medida que cuestiones
relativas a la privacidad y el antimonopolio se debatan en los años por venir,
el cabildeo ejercido por esas industrias exigirá mayor escrutinio. No siempre
tendrán en cuenta el interés del público.
Time
Warner, la empresa matriz de Grupo Expansión a la que pertenece CNNExpansión,
está entre los participantes de la industria que apoyan la propuesta
legislativa SOPA.
Megaupload,
cuyo servicio de descargas era el más utilizado en todo el mundo, desapareció
tras la intervención del FBI bajo el auspicio de la operación
'megaconspiración'. Megaupload basaba su negocio en la publicidad y el
pago por acceder a contenidos de manera ilimitada o temporalmente. Un informe
del FBI calcula que ingresó unos 150 millones de dólares de usuarios con
cuentas Premium y que los daños causados a los propietarios de los derechos de
autor ascienden a 500 millones de dólares.
A pesar de su uso mayoritario estaba relacionado con la subida o descarga de películas, series de televisión y música también Megaupload era una página de almacenamiento de archivos privados que los usuarios podían subir y conservar en sus servidores. Así, no son pocas las personas que lo usaban para guardar documentos personales, por lo que su cierre evita que puedan recuperar sus archivos alojados en la nube.
Así,
tanto desde la Asociación de Internautas, como desde distintas asociaciones de
consumidores (Asociación General de Consumidores, Asgeco Confederación, y
Facua) coinciden en denunciar laindefensión en la cual se encuentran los
usuarios de megaupload.com. La Asociación de Internautas insta a los usuarios a
que reclamen y denuncien la situación ante los servicios telemáticos tanto
de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, para recuperar sus contenidos.
